La Historia del Partido Conservador Colombiano

Hegemonía Liberal (II)

La tranquila y prolongada hegemonía conservadora fue remplazada - a partir de 1930 y hasta 1946 -, por la hegemonía liberal, etapa que como para mostrarse novedosa frente a la administración conservadora fue bautizada por los prohombres del liberalismo con el sonoro apelativo de La República Liberal.

Aconteció que a las elecciones presidenciales de 1930 se presentó el conservatismo con dos candidatos, el maestro Guillermo Valencia y el general Alfredo Vásquez Cobo, y aprovechando esa favorable circunstancia el liberalismo lanzó como candidato bipartidista el doctor Enrique Olaya Herrera, un cumplido funcionario del régimen conservador que por largos años se había desempeñado en los Estados Unidos y persona que por sus antecedentes no suscitaba temores dentro de las filas conservadoras.

Y así llegaron los dos partidos a las elecciones presidenciales, con el siguiente resultado para cada uno de los aspirantes: el candidato Enrique Olaya Herrera, obtuvo 369.934 votos; el maestro Guillermo Valencia contabilizó 240.360; por el general Alfredo Vásquez Cobo sufragaron 213.493 personas; y hubo 660 votos en blanco. Ganó, pues, el candidato del liberalismo por una nítida diferencia sobre cada uno de sus dos opositores conservadores.

Cumpliendo las promesas hechas durante la campaña electoral, el presidente Olaya Herrera, inició su gobierno de Concentración Nacional designando varios ministros conservadores y un buen número de gobernadores y alcaldes afiliados al partido vencido en las urnas. Al Ministerio de Gobierno, fue llamado el doctor Carlos E. Restrepo, designación que llevó tranquilidad a los espíritus por razón de las reconocidas virtudes republicanas que adornaban a ese eminente colombiano.

Objetivos básicos

Pero bien pronto se comprobó que tanta hermandad bipartidista en el ejercicio del gobierno era conducta más aparente que real, porque el partido liberal, aprovechando la bonhomía del doctor Restrepo, hacía en la intimidad habilidoso juego tendiente a lograr dos objetivos prioritarios: crear una policía política y acaparar la nómina oficial en todos sus estratos, desde la más encumbrada posición hasta la más humilde portería. Fue así como desde el comienzo de la administración empezó el liberalismo a organizar una feroz e incondicional policía liberal que bien pronto superó en pie de fuerza y vituallas al ejército regular; y con maña merecedora de reconocimiento se fue adueñando de todas las posiciones oficiales, y cuando su voracidad burocrática se puso en evidencia ya no quedaban conservadores en la nómina, así fuese ella nacional, departamental o municipal.

Con el objeto de neutralizar las mayorías parlamentarias del conservatismo, durante el primer año se cuidó el gobierno por conservar las apariencias de la Concentración Nacional, y en ese empeño el presidente Olaya Herrera dio abundantes muestras de habilidad suprema. Empero, cuando empezaron a conocerse en Bogotá los actos violentos propiciados por la policía liberal, de una parte, y de la otra los hostigamientos de los agentes gubernamentales a todos los niveles, el manejo de las mayorías conservadoras del Congreso se hizo más difícil, dificultad que se agravó cuando en las elecciones que siguieron a las de Presidente el conservatismo volvió a obtener mayoría de sufragios, pese a la violencia, el fraude y la persecución que sobre el electorado ejercerían las autoridades. Apeló entonces el Gobierno al recurso de comprar las conciencias de los parlamentarios y en ese asqueante tráfico se negoció con los cargos diplomáticos, las dignidades, los empleos y los contratos administrativos.

La violencia política

Como la tarea primera a que se entregó el triunfante partido liberal apenas hubo llegado al Gobierno fue organizar su posición política y designar autoridades locales que sin reato sirvieran a su propósito de mantenerse en el poder, bien pronto se empezaron a palpar los resultados de esa intrépida resolución.

Parece que la primera acción protagonizada por los entusiastas de la República Liberal, para exterminar al electorado conservador, tuvo ocurrencia en Montería el 1° de febrero de 1931, tan sólo cinco meses después de instalado en el poder el partido liberal, cuando bajo la protección de las complacientes autoridades y con motivo de las elecciones de diputados de 1931, los cuatro mil conservadores que habitaban el perímetro urbano fueron rodeados durante la noche por ocho mil liberales transportados de regiones aledañas, todos bien armados y organizados en pelotones de ataque e instruídos para incendiar la ciudad antes de las once de la mañana, dantesca carnicería que no tuvo culminación por la intervención conciliadora de algunos prestantes ciudadanos del lugar, todo conforme al relato que por la época escribió el intelectual liberal Antolín Díaz. No obstante, desde ese momento el conservatismo quedó bien notificado, que para el futuro si pretendía sufragar, debía estar dispuesto a morir.

Bajo esa administración se introdujo el sistema de encomendar la investigación de las denuncias que comprometían a los funcionarios del Gobierno, a los mismos autores de las tropelías o a sus cómplices y se entronizó un procedimiento de policía que en forma sumaria enviaba a la cárcel, bajo la sindicación de vagancia, a todo aquel que resultara estorboso a los mandarines lugareños. En 1935 describía así el doctor Laureano Gómez el clima social y político reinante en la nación: “Una impunidad general, sin excepción, irritante en el más alto grado, ha protegido todos los millares de asesinatos, incendios, violencias, estupros y atropellos cometidos contra los conservadores por los agentes del Gobierno y del liberalismo. Cuando secciones de las fuerzas de policía nacionales y departamentales salieron por las provincias de indiscutible mayoría conservadora, sembrando el pavor con las muertes, las quemas de las habitaciones y los robos de los escasos bienes de los campesinos, si se presentaban quejas por tantos atropellos, eran los mismos oficiales de esas fuerzas los encargados de instruir los sumarios, que daban como consecuencia inmediata la prisión y tortura del reclamante y sus testigos” [1].

La violencia política se fue generalizando por todo el territorio de la República, y ya en escrito publicado el 20 de febrero de 1933 el doctor Laureano Gómez, denunciaba tropelías sucedidas en los departamentos de Bolívar, Cundinamarca, Caldas y el Cauca, y señalaba descarada adulteración de los registros electorales en Anolaima, Cúcuta, Saboyá, Chiquinquirá, Calamar, Morroa, Mahates, Pamplona, La Peña, Fusagasugá y Chocontá y aberrantes asesinatos en Chinácota, Saboyá, Pacho y Líbano.

Leamos lo que por aquella fecha denunció el doctor Laureano Gómez, sobre el vitando expediente a que acudió el partido liberal para instaurar su república:

“Se empezó por atormentar y ensangrentar poblaciones de claro abolengo tradicionalista, para lo cual se recogieron bandidos y prófugos y se les nombró agentes de policía departamental, poniéndolos a órdenes de iracundos matones, encargados de alterar, de un momento a otro, los genuinos y constantes resultados electorales favorables al conservatismo. Para los dos departamentos de Santander, la Provincia de Occidente de Boyacá y algunos municipios de otros departamentos , tal ha sido el origen y principio de la pavorosa situación en que todavía se hallan, y esa la causa de las crudelísimas matanzas de Montería, Capitanejo, Piedecuesta, Salazar de las Palmas, San Andrés y tantas otras poblaciones de mayoría conservadora, martirizadas impíamente; y de las que, en los últimos días, se han realizado en Cucutilla y Arboledas, Esto, con el atroz agravante -que establece la responsabilidad del Gobierno-, que los pavorosos delitos cometidos, siempre han quedado impunes; la instrucción de los sumarios se ha encargado a las autoridades responsables o a otros funcionarios similares que los adelantan con parcialidad y los roban y queman después, como por dos veces lo realizaron con el de Capitanejo. Así se establece el balance aterrador de que tres mil asesinatos verificados ya, no han ocasionado sanción alguna a los responsables, al paso que, para mayor sarcasmo y burla, las cárceles se llenan de inocentes labriegos conservadores, a quienes, con una injusticia que salta a los ojos, se les impuso el pretendido delito de vagancia” [2].

“Uno de los primeros pasos dados en Santander del Sur por el gobernador liberal Alejandro Galvis Galvis, fue el de incorporar en las filas de la policía del departamento a reconocidos bandoleros que se hallaban huyendo de la justicia bajo la administración conservadora y que de tarde en tarde ejercían sus malignas actividades en el páramo del Almorzadero. Esos malhechores fueron revestidos de autoridad por el Gobierno liberal, fueron enviados a ejercer sus nuevas funciones a los municipios de gran mayoría conservadora y recibieron como consigna obtener el cambio de la opinión de tales pueblos en pro del partido dominante…. En Boyacá, Plinio Mendoza Neira, prevalido de la temblona debilidad de las autoridades, instaló a su vez un régimen de sangrienta violencia que se concentró de modo singular en la provincia de occidente. La alevosa muerte del doctor Arcadio Supelano Medina, ocurrida en Chiquinquirá, en momentos en que hacía una propaganda electoral tranquila y lícita, que el liberalismo quiso impedir, dio la señal para que se desencadenara en aquella comarca la persecución despiadada a los conservadores” [3]

Memorable, por lo sangrienta, fue la violencia desatada por los agentes del Gobierno en la provincia de García Rovira, en Santander del Sur, de abrumadora mayoría conservadora, donde la orgía sectaria fue de tal magnitud y duración que todavía se cultivan los rencores recíprocos. Y de ingrata recordación, la carnicería de San Andrés, el 10 de septiembre de1932, fecha y lugar en que hombres, mujeres y niños fueron ametrallados con las armas oficiales; o la matanza de Capitanejo, el 20 de marzo de 1933, cuando la policía fusiló a veinte campesinos conservadores, episodio que relata en su libro “Siervo sin Tierra”, el escritor liberal Eduardo Caballero Calderón y al que atribuye el origen de la violencia política en Colombia.

Pero bien. Como con el presente trabajo no se trata de formular una lista de cargos al partido liberal, por la forma como ejerció el Gobierno durante el nefando lapso comprendido entre 1930 y 1946, sino de establecer que la violencia, el fraude electoral y la persecución política, fueron introducidos en nuestras costumbres partidistas por el partido liberal y no son invento del conservatismo, basten las anteriores referencias de hechos evidentes para formar conciencia antes de comentar lo que aconteció a partir del año 1946.

No obstante, por su significación histórica, es útil recordar que el 9 de enero de 1939, durante la administración del presidente Eduardo Santos, la policía encerró en la plaza de Gachetá al pueblo conservador que allí se hallaba congregado en pacífica concentración, y desde las cuatro esquinas disparó con acerbía contra los indefensos campesinos, dejando tendidos cientos de heridos e infinidad de muertos.

Por ser absolutamente cierto puede afirmarse que durante el régimen liberal cada votación se convirtió para el país en un bochinche y para los conservadores una arriesgada hazaña. Las pedreas, la sustracción de las urnas electorales, la bala amedrentadora, los heridos y uno que otro muerto se tuvieron por actos normales durante cada elección, y liberalismo local que se respetara debía asaltar la casa conservadora de su pueblo por lo menos una vez cada bienio.

Consolidación del liberalismo

Los fines pretendidos ­-que eran: lograr la continuidad del liberalismo en el poder, ahuyentamiento del electorado conservador mediante la violencia y conformar unas mayorías fraudulentas-, fueron cabalmente logrados por el partido liberal en breve plazo. Antes vimos que el liberalismo, con el nombre de Olaya Herrera, obtuvo 369.934 votos contra 453.853 de los dos candidatos conservadores, También sabemos que durante el Gobierno de Olaya Herrera, el conservatismo sostuvo sus mayorías en las elecciones para corporaciones públicas. Y en 1934, en las elecciones para elegir al doctor Alfonso López Pumarejo, como segundo presidente liberal, gozosamente ese partido resultó con 938.908 sufragios, lo que quiere decir que superó en más de cien mil votos el guarismo que darían todos los votantes colombianos reunidos. Sobra cualquier comentario que no sea el del lector.

Como es apenas lógico suponer, después del año 1934 el partido liberal no tropezó con mayores obstáculos para conservar el poder. Le bastó sólo una permanente acción de mantenimiento por medio de su policía, sus gobernadores y sus alcaldes que con mucho esmero se preocuparon en que el partido conservador no levantara cabeza. Y así le fue fácil al liberalismo sostenerse en el Gobierno de Colombia hasta el año 1946 cuando, dividido, perdió el poder que tan ferozmente había conseguido y tan férreamente empuñaba. El resultado de esas elecciones presidenciales de 1946 fue el siguiente: por el candidato conservador doctor Mariano Ospina Pérez 565.949 votos; por el doctor Gabriel Turbay 441.199 votos; por el doctor Jorge Eliécer Gaitán 358.957 votos; en blanco 177 votos. Se realizaron estos comicios bajo la presidencia del liberal doctor Alberto Lleras Camargo, prominente colombiano a quien el partido liberal calificó durante muchos años de “traidor y entreguista”, por el único hecho del resultado de esas elecciones.

Fuente:EL SIGLO, domingo 11 de diciembre de 1977

[1]Laureano Gómez, Comentarios a un Régimen. Ed. Centro 1935, pág. 5.
[2]Laureano Gómez, ob. cit. pág. 80
[3]Laureano Gómez, ob. cit. págs. 8 y 10